Publicidad
ESPAÑA

1

Transparencia pública y privada

Es necesario que los poderes públicos y los operadores privados evolucionen desde la transparencia hacia un concepto que debe ser un fin en sí mismo: la rendición de cuentas.

Por y
Muchas manos con lupas.

Según los datos de Transparencia Internacional (TI), en su último informe “Índice de Percepción de la Corrupción 2016”, España se encuentra en su peor posición histórica en cuanto a percepción de sus ciudadanos en materia de corrupción. En un informe previo, de noviembre del año pasado, esta misma organización destacaba que ningún otro país de la Unión Europea registraba unos índices de reprobación tan altos hacia su Gobierno como en España, acusándolo de poco o nada hacer para luchar contra esta lacra.

 

Asimismo, con una tristísima recurrencia, los medios de comunicación dedican prácticamente cada día parte de su espacio a informar o denunciar diferentes casos de corrupción que, por toda la geografía del país han tenido y tienen como protagonistas a personas adscritas a la Administración, a partidos políticos, sindicatos, empresas públicas, universidades y otras corporaciones públicas, ya sea por mal uso del dinero público, sueldos y dietas desproporcionadas, licitaciones y concursos fraudulentos, colocaciones de familiares, cursos subvencionados fantasma y toda una amplísima serie de irregularidades tan frecuentes que, por su generalidad y omnipresencia, ya no sorprenden sino que hastían e indignan.

 

Para parcialmente impedir o minimizar todo ello, uno de los aspectos en los que se viene realizando algunos –aún tímidos– esfuerzos es el ámbito de la transparencia, procurando y exigiendo que toda la información relevante se encuentre a disposición de los interesados, constituyéndose así en un modo indirecto de control de la actuación pública. De este modo, se habilitan canales para que los ciudadanos puedan obtener, bien sea solicitándolo, bien sea porque se encuentran a su disposición de un modo directo, un conjunto de información acerca de los principales datos de sus representantes políticos, de los procesos de contratación pública, presupuestos, planificaciones urbanísticas (un área muy proclive a corruptelas varias) y demás actuaciones públicas, con el objeto de que dicha información sea accesible y visible por los administrados.

 

Sucede, sin embargo, que ese acceso no siempre es tan transparente, sencillo o ágil como debiera serlo y que, como si de un mal juego de palabras se tratase, la transparencia propugnada no acaba aportando una mayor visibilidad de la información. Es una transparencia que en ocasiones parece incrementar una deliberada opacidad, puesto que los accesos a tal información, de existir, no siempre se encuentran claramente identificados y no suelen estar actualizados o desglosados de un modo útil.

 

Los portales públicos recientemente constituidos (como el de la Administración central del estado –transparencia.gob.es– o el de la Generalitat de Catalunya –transparencia.gencat.cat–), pese a que, por sí mismos, son una buena fuente de información acerca de estos ámbitos, tal vez por el hecho de constituirse como portales segregados de las webs propias de los diferentes ministerios, consejerías y organismos públicos, no han logrado ni un alto nivel de conocimiento por parte de los ciudadanos ni la capilaridad necesaria para que el derecho a conocer o poder acceder a cualquier información sobre la que se tenga interés respecto de lo público haya podido ser ejercido con la misma naturalidad que cualquier otro derecho.

 

Más allá de la transparencia: la rendición de cuentas

La transparencia en la acción pública no debe ser un fin en sí misma, sino que debe constituirse como una etapa inicial en la actuación de los poderes públicos (en sentido amplio) que permita un mejor conocimiento y un indirecto control por parte los administrados sobre tales actuaciones, dificultando la ocultación de actuaciones irregulares y, en consecuencia, procurando que estas no se produzcan o se minimicen.

 

Sin embargo, tras esta etapa inicial en la que la transparencia presentada obedece más a una respuesta formal a una serie de exigencias legales que no a un auténtico espíritu rector de la actuación pública (un ejemplo: las agendas públicas de las más altas instancias siguen sin anticipar demasiado las actuaciones que van a realizar), es necesario que los poderes públicos (y también los operadores privados) superen y evolucionen desde la transparencia hacia un concepto que sí debe ser un fin en sí mismo: la rendición de cuentas (accountability).

 

Debe la Administración recordar que existe por y para los administrados, y que debe ser frente a éstos ante quienes ofrezca los datos de su actuación (transparencia) y una rendición de cuentas de cómo ha llevado a cabo el ejercicio de ese poder que le es delegado por la sociedad, ante la que se posee una responsabilidad a la que debe hacer frente.

 

Esta rendición de cuentas, transmisora desde el seno de una organización hacia el exterior de la misma del conjunto de actuaciones realizadas, de los éxitos y fracasos alcanzados y de los fundamentos que han regido tales actuaciones, constituye uno de los pilares básicos tanto de la moderna gobernanza de las organizaciones públicas como del management empresarial.

 

Así, en el seno de muchas empresas, los equipos directivos de las mismas empiezan a comprobar los beneficios de explicar con cierta regularidad y no sólo a sus accionistas o propietarios sino también a los propios trabajadores , y más allá de bonus o retribuciones vinculadas a resultados, cuál es la marcha de la empresa, qué resultados se están teniendo, qué decisiones se están tomando acerca de la estrategia general de la compañía y, en general, todos aquellos aspectos que, de un modo u otro, puedan afectar a los destinatarios de dicha información.

 

Con ello, se evidencia no solo lo que se hace, sino también lo que no se hace, mostrando en consecuencia cómo efectivamente se rige la organización y permitiendo liderar de un modo más efectivo, puesto que se ofrece un modelo de actuación, una guía basada en lo que efectivamente se está haciendo (y se está dejando de hacer).

 

A nivel público, con tales actuaciones se consigue, además, una mayor confianza en las instituciones y en quienes las dirigen así como un refuerzo de los valores democráticos de sus actuaciones, puesto que tal rendición de cuentas no deja de ser una constatación de que la Administración y quienes gobiernan o ejercen funciones públicas se encuentran al servicio de los ciudadanos, un concepto básico sobre el que debería girar toda la función pública y que, sin embargo, no parece tan obvio, tal y como puede ponerse de manifiesto por cualquier ciudadano cuando acude a realizar cualquier trámite o gestión.

 

Fotografía Autora Laura Marín

Consultora en comunicación especializada en estrategia y contenido digital

Sigue al autor
Fotografía Autor Daniel Vidal

Abogado especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías

Sigue al autor


Compartir el artículo con un amigo

    Comentarios



    Acceda o regístrese para comentar